Foro Contra el Hambre y la Pobreza........!!!!!!!!!!
CONCLUSIONES FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS....
jueves 17 de septiembre de 2009
Declaración Final
XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ
Bogotá 10, 11 12 de septiembre de 2009
Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:
1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.
3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.
4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.
6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.
7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.
8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.
9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.
10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.
11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.
12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.
PROPONEMOS:
1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:
- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.
- 7 de octubre por el trabajo digno.
- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.
2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.
3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.
4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.
5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.
6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.
8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia
9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.
10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.
12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.
1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.
3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.
4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.
6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.
7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.
8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.
9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.
10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.
11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.
12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.
PROPONEMOS:
1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:
- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.
- 7 de octubre por el trabajo digno.
- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.
2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.
3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.
4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.
5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.
6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.
8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia
9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.
10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.
12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.
EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.
¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!
LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,
¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!
¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!
Bogotá, 12 de septiembre de 2009
LA ACADEMIA NO ES PANDEMIA...!!!
viernes 7 de agosto de 2009
Carta del profesor Miguel Angel Beltran
por Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad /31/07/2009
Miguel Angel Beltrán secuestrado en México y puesto preso en la cárcel Modelo de Bogotá, escribe desde la reclusión una carta a sus compañeros y colegas profesores en la que presenta el estado en el que se encuentra y las irregularidades que roden su proceso. A continuación presentamos la carta en su totalidad.
“Apreciados(as) colegas ASPU:
Han transcurrido dos meses desde mi arbitraria detención en este pabellón de "alta seguridad". Actualmente somos 73 internos (de una población de 6.102 presos), los que estamos recluidos en esta área de la Cárcel Nacional Modelo, que bien puede ser considerada una "cárcel dentro de la misma cárcel" alejada de los demás patios y donde sólo tenemos derecho a una hora diaria de sol. Aquí comparto suerte no sólo con comandantes guerrilleros sino, también, con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares que como "Zeus" y "Niche" están acusados de ser autores de numerosas masacres de hombres, mujeres y niños indefensos. Por fortuna éstos se encuentran en un piso aparte.
Cada vez que traspaso las puertas de esta institución carcelaria para una audiencia o una entrevista con los medios de comunicación, los impresionantes dispositivos de seguridad revelan que soy considerado un reo de alta peligrosidad para las autoridades carcelarias. "El terrorista más peligroso de las FARC" según palabras del mismo presidente Uribe quien me condenó, sin ser escuchado en juicio, y agradeció al primer mandatario mexicano Felipe Calderón su colaboración en mi captura, aún así los jueces de garantías y de apelación insistieron que mi detención se produjo en Colombia.
Resulta un verdadero sarcasmo que mientras el fiscal promete para mí una pena de más de cuarenta años por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, a los verdaderos criminales, que han sembrado el terror en todo el país, se les ofrece que purguen sus decenas de homicidios en 8 años, a cambio de su confesión, amparados en la política de "justicia y paz". En otros casos, la justicia ni siquiera se ha hecho cargo de ellos y se mantienen en la total impunidad desempeñando importantes cargos públicos o altos puestos de dirección en las fuerzas militares.
En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como "falsos positivos"; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de "instigación al terrorismo" por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes: se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiple violencias del Estado, porque en este país, por decreto presidencial no existe conflicto armado, pese a que número de desplazados por la violencia sobrepasan ya los 4'000.000 de personas.
El hecho que se cite mis actividades académicas como indicios para inculparme, demuestra que se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento.
En el pasado estas mismas sindicaciones han sido hechas a destacados profesores universitarios como el sociólogo Alfredo Correa, a quien se acusó de ser un "ideólogo de las FARC"; en esa ocasión las falsas inculpaciones provinieron de informaciones proporcionadas por los mismos organismos de inteligencia del Estado, concretamente del DAS institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Pese a que en el proceso jurídico se pudo comprobar su inocencia, al profesor Correa el Estado no le garantizó el derecho a la vida: pocas semanas después de su excarcelación, caía asesinado en las calles de Barraquilla.
Desafortunadamente, esta política de hostigamiento contra la academia Colombiana no es cosa del pasado, por el contrario se ha venido incrementando con la mal llamada política de "seguridad democrática". William Javier Díaz es un ejemplo de ello, integrante del Taller de Formación Estudiantil Raíces (TJER ), que durante más de una década ha desarrollado seminarios de pensamiento social en la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital "Francisco José Caldas", con el apoyo de reconocidos académicos e investigadores, hoy es víctima de un montaje jurídico similar, donde, con base en espurios archivos de un supuesto computador incautado a la guerrilla, se le presenta como un militante de las FARC.
De esta manera el Estado pretende castigar a quienes consideramos que los estudiantes deben estar en contacto permanente con los problemas sociales no solo del pasado sino también del presente; que los futuros profesionales tienen que estar en contacto con las tercas y duras realidades de un país continente que hoy parece despertar tras años de letargo.
La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación, escudándose en una supuesta neutralidad de la teoría, ni refugiándose en la torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, las libertades del pensamiento y expresión –escribía el profesor universitario y también activista de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– "son un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".
En Colombia, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ha sido un instrumento de defensa de este derecho, preservando con su lucha el "alma mater" no sólo de los bárbaros que pretenden acallarla recurriendo a la violencia y la amenaza, sino haciendo frente a las políticas neoliberales que buscan asfixiarla presupuestalmente.
La generosa solidaridad que ustedes me han brindado en estos dos largos meses de reclusión, corrobora este compromiso que por décadas ustedes han mantenido en aras de la defensa de la educación superior y coloca de presente que esta lucha no solo es por mi libertad sino por la libertad y el respeto al trabajo científico e intelectual.
Desde estas cuatro paredes que aprisionan mi cuerpo, pero no mi pensamiento, quiero hacerles llegar mi voz de sincero agradecimiento por sus gestos de solidaridad y mi convencimiento de que en esta lucha llegaremos hasta el final, para que en el país el pensamiento pueda circular libremente y no sea amenazado por aquellos insensatos que aspiran revivir los tiempos de la inquisición, condenando a la hoguera a quienes expresamos ideas y opiniones diferentes.
Un abrazo fraternal.
Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad
Julio 20 de 2009"
por Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad /31/07/2009
Miguel Angel Beltrán secuestrado en México y puesto preso en la cárcel Modelo de Bogotá, escribe desde la reclusión una carta a sus compañeros y colegas profesores en la que presenta el estado en el que se encuentra y las irregularidades que roden su proceso. A continuación presentamos la carta en su totalidad.
“Apreciados(as) colegas ASPU:
Han transcurrido dos meses desde mi arbitraria detención en este pabellón de "alta seguridad". Actualmente somos 73 internos (de una población de 6.102 presos), los que estamos recluidos en esta área de la Cárcel Nacional Modelo, que bien puede ser considerada una "cárcel dentro de la misma cárcel" alejada de los demás patios y donde sólo tenemos derecho a una hora diaria de sol. Aquí comparto suerte no sólo con comandantes guerrilleros sino, también, con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares que como "Zeus" y "Niche" están acusados de ser autores de numerosas masacres de hombres, mujeres y niños indefensos. Por fortuna éstos se encuentran en un piso aparte.
Cada vez que traspaso las puertas de esta institución carcelaria para una audiencia o una entrevista con los medios de comunicación, los impresionantes dispositivos de seguridad revelan que soy considerado un reo de alta peligrosidad para las autoridades carcelarias. "El terrorista más peligroso de las FARC" según palabras del mismo presidente Uribe quien me condenó, sin ser escuchado en juicio, y agradeció al primer mandatario mexicano Felipe Calderón su colaboración en mi captura, aún así los jueces de garantías y de apelación insistieron que mi detención se produjo en Colombia.
Resulta un verdadero sarcasmo que mientras el fiscal promete para mí una pena de más de cuarenta años por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, a los verdaderos criminales, que han sembrado el terror en todo el país, se les ofrece que purguen sus decenas de homicidios en 8 años, a cambio de su confesión, amparados en la política de "justicia y paz". En otros casos, la justicia ni siquiera se ha hecho cargo de ellos y se mantienen en la total impunidad desempeñando importantes cargos públicos o altos puestos de dirección en las fuerzas militares.
En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como "falsos positivos"; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de "instigación al terrorismo" por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes: se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiple violencias del Estado, porque en este país, por decreto presidencial no existe conflicto armado, pese a que número de desplazados por la violencia sobrepasan ya los 4'000.000 de personas.
El hecho que se cite mis actividades académicas como indicios para inculparme, demuestra que se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento.
En el pasado estas mismas sindicaciones han sido hechas a destacados profesores universitarios como el sociólogo Alfredo Correa, a quien se acusó de ser un "ideólogo de las FARC"; en esa ocasión las falsas inculpaciones provinieron de informaciones proporcionadas por los mismos organismos de inteligencia del Estado, concretamente del DAS institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Pese a que en el proceso jurídico se pudo comprobar su inocencia, al profesor Correa el Estado no le garantizó el derecho a la vida: pocas semanas después de su excarcelación, caía asesinado en las calles de Barraquilla.
Desafortunadamente, esta política de hostigamiento contra la academia Colombiana no es cosa del pasado, por el contrario se ha venido incrementando con la mal llamada política de "seguridad democrática". William Javier Díaz es un ejemplo de ello, integrante del Taller de Formación Estudiantil Raíces (TJER ), que durante más de una década ha desarrollado seminarios de pensamiento social en la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital "Francisco José Caldas", con el apoyo de reconocidos académicos e investigadores, hoy es víctima de un montaje jurídico similar, donde, con base en espurios archivos de un supuesto computador incautado a la guerrilla, se le presenta como un militante de las FARC.
De esta manera el Estado pretende castigar a quienes consideramos que los estudiantes deben estar en contacto permanente con los problemas sociales no solo del pasado sino también del presente; que los futuros profesionales tienen que estar en contacto con las tercas y duras realidades de un país continente que hoy parece despertar tras años de letargo.
La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación, escudándose en una supuesta neutralidad de la teoría, ni refugiándose en la torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, las libertades del pensamiento y expresión –escribía el profesor universitario y también activista de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– "son un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".
En Colombia, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ha sido un instrumento de defensa de este derecho, preservando con su lucha el "alma mater" no sólo de los bárbaros que pretenden acallarla recurriendo a la violencia y la amenaza, sino haciendo frente a las políticas neoliberales que buscan asfixiarla presupuestalmente.
La generosa solidaridad que ustedes me han brindado en estos dos largos meses de reclusión, corrobora este compromiso que por décadas ustedes han mantenido en aras de la defensa de la educación superior y coloca de presente que esta lucha no solo es por mi libertad sino por la libertad y el respeto al trabajo científico e intelectual.
Desde estas cuatro paredes que aprisionan mi cuerpo, pero no mi pensamiento, quiero hacerles llegar mi voz de sincero agradecimiento por sus gestos de solidaridad y mi convencimiento de que en esta lucha llegaremos hasta el final, para que en el país el pensamiento pueda circular libremente y no sea amenazado por aquellos insensatos que aspiran revivir los tiempos de la inquisición, condenando a la hoguera a quienes expresamos ideas y opiniones diferentes.
Un abrazo fraternal.
Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad
Julio 20 de 2009"
Latinoamerica sigue pagando con sangre la Apertura Comercial....
sábado 6 de junio de 2009
En el Amazonas del Perú se libra la batalla de la vida
contra el Libre Comercio
Nos vemos obligados a enviar este Boletín Urgente dada la grave situación que se sigue presentando en Bagua, Amazonas del Perú. La presión internacional solidaria para que cese este crimen de Estado del Libre Comercio debe crecer. El Gobierno de Alan García es criminal. Los pueblos indígenas son sus víctimas por rechazar con dignidad la implementación del TLC con EEUU. Presidente Obama, si no mintió durante su campaña, derogue este tratado inaceptable y use su cargo para que se haga justicia en el Perú libre y digno que exigen los mártires indígenas!
Utcubamba, Amazonas (CNR).- La Policía Nacional está sacando a los indígenas heridos en el Hospital Santiago Apóstol y Buen Samaritano de esa ciudad, y se los están llevando con rumbo desconocido.
La denuncia hecha a través de Radio La Voz (Utcubamba), señala que la Policía entró a los hospitales disparando para amedrentar a los familiares y luego sin decir nada se llevaron a los heridos que ya habían sido atendidos. Publicado por Spacio Libre. Sábado 6 de Junio.
[ 06/06/2009] [ ] [ Autor: Peruanista]
Alan García viene entregando su país al "libre comercio" con tratados inconsultos que el pueblo rechaza y ahora con una masacre que causa horror.. Ahora implementa estos acuerdos de élites y corporaciones y los pueblos Amazónicos se levantaron hace 57 días en protesta pacífica. Como en la Minga en Colombia, bloquearon una vía. Como en Colombia el Gobierno ordenó la masacre para abrir la vía a sangre y fuego, porque primero es el tránsito corporativo, que el derecho a la vida. A nombre del "libre comercio" García ordena una masacre.
Sentimos repugnancia frente a este mayordomo de las transnacionales y de los grandes sectores financieros quien ha ordenado una masacre digna de los fascistas genocidas y racistas. Basta con ver las imágenes, para gritar con amargura y angustia. Un asesino de estos no puede ser Presidente. Alan García y Álvaro Uribe no son Presidentes de sus países. Son Presidentes del poder corporativo contra sus pueblos y al que no esté de acuerdo lo masacran. Ayer avanzó la ratificación del TLC Canadá Perú en el parlamento Canadiense. Esta semana Uribe va al Canadá a promover el TLC. Se entregan Perú y Colombia a la U.E. En Perú se ha cometido una masacre para el TLC.
[ 06/06/2009] [ ] [ Autor: CAOI]
Todo el movimiento social peruano exigió el fin de la represión y la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos. Llegan muestras de solidaridad con los pueblos indígenas desde todos los rincones del planeta. Es hora de aumentar la presión.
Una multitudinaria marcha recorrió ayer, viernes 5, las calles de Lima en respaldo a la lucha de los pueblos indígenas amazónicos. Organizaciones indígenas, agrarias, campesinas, estudiantiles, de mujeres, sindicales y barriales, se unieron en una sola voz para repudiar el asesinato de por lo menos treinta indígenas y exigir la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectan nuestros derechos territoriales.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
web: nasaacin.org
Dirección: Calle 3 No. 7A-20
Santander de Quilichao Cauca -Colombia
La masacre está dando la vuelta al mundo. Ya hay protestas de frente a los consulados peruanos de Los Ángeles y San Francisco. El twitter hierve de indignación
El Comercio informa que la cifra de muertos es mayor de 34.
En la tarde, una enfermera desesperada llamó a Canal N: el hospital de Bagua había colapsado. No tenían ni gasas. Tenían 40 heridos, 5 de ellos graves. Todos los heridos son nativos heridos de bala. La Coordinadora Nacional de Derechos de Humanos ha publicado unas fotos muy fuertes de los asesinados a balazos. Véanlas con precaución.
Demuestran que la cifra de tres civiles muertos, dada por Yehude Simon, ES FALSA, EL GOBIERNO SALIO A MENTIR.
VEA LAS FOTOS QUE DEMUESTRAN QUE NO FUERON SOLO 3 NATIVOS LOS ASESINADOS, SINO MÁS DE 35:
Hacer Click: http://blog. dhperu.org/ ?p=3555
(Tomado del Boletin e la ACIN y del Blog Agencia de Noticias Jhon Reed)
Solidaridad con el Profe... LIBERTAD YA...!!!
jueves 28 de mayo de 2009
Un mensaje solidario al Profesor Miguel Angel Beltran , sociólogo de la UN, retenido y acusa de vinculos con las FARC. Miguel Angel Beltran es un academico con más de 15 años de trayectoria en la academia y en la investigacion en ciencias sociales
los sociologos rechazamos la detencion del profesor
conocemos a miguel angel, su trabajo, su trayectoria
se le acusa de trabajar para las farc
de reclutar estudiantes
acusaciones sin fundamento
y falsas
es una afrenta a la educacion publica, a la UN y a el pensamiento critico en colombia
los sociologos, compañeros , estudiantes y colegas exigimos la libertad de miguel angel
creeemos en el
los estudiantes de sociologia estan organizando una marcha en los proximos dias en solidaridad con el profesor
ayer se realizo una marcha interna en la UN
por parte de sus alumnos
LIBERTAD PARA MIGUEL ANGEL BELTRAN!
PENSAR DIFERENTE NO ES TERRORISMO
LA SOCIOLOGIA NO ES TERRORISMO
GRACIAS A USTEDES! SOLIDARIDAD CON MIGUEL ANGEL.
http://www.semana.com/noticias-nacion/miguel-beltran-academico-no-guerrillero/124435.aspx
Testimonio del profesor Miguel Ángel Beltrán sobre su deportación desde México
por Miguel Ángel Beltrán V Tuesday, May. 26, 2009 at 10:10 PM
En ningún momento se me informo de los motivos de mi captura, ni se me informó hacia dónde íbamos. Durante todo el trayecto se me colocó de rodillas con mi rostro pegado al asiento, como cuando un verdugo coloca a su víctima para cortarle la cabeza..
“Me presenté de buena fe…
En cuanto me presenté al INM, se me declaró ilegal y se procedió a mi captura en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, se señaló que no aporté pruebas que respalden mi condición económica (solvencia) lo cual es falso pues en el oficio de trámite está claro (y los anexos lo corroboran), que yo entregué mi certificado de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, debidamente apostillado, así como la comisión de estudios otorgada por la Universidad Nacional (ver oficio del trámite).
Aunque el oficio –de respuesta- del INM está firmado por mí, y eso probaría que tiene mi asentimiento, fui obligado a firmar, se me dijo que si no firmaba, se daba por interrumpido el trámite y seguramente ya no procedería mi solicitud. Insistí en que había información falsa y se me dijo que eso no importaba porque era parte del trámite y de la nueva solicitud que debería hacer (es decir en todo momento se me dio información falsa para coaccionar mi firma).
Se me impidió hablar con el abogado a quien no se le permitió ingresar conmigo.
Una vez firmado el oficio una funcionaria del INM me dijo que yo estaba ilegal y en ese momento aparecieron varios hombres que me inmovilizaron. Se acercaron varios funcionarios de inmigración y a empellones y a la fuerza me llevaron por un pasillo hasta una camioneta que estaba estacionada en la puerta del INM. En ningún momento se me informo de los motivos de mi captura, ni se me informó hacia dónde íbamos. Durante todo el trayecto se me colocó de rodillas con mi rostro pegado al asiento, como cuando un verdugo coloca a su víctima para cortarle la cabeza (hago el esquema)
Conductor Cabeza
Cuello Silla trasera
Me cubrieron el rostro con la chamarra o chaqueta que llevaba mientras me presionaban el cuello, lo que me causo lesiones en la región cervical y en los hombros. En varias ocasiones estuve a punto de asfixiarme, pues por la postura que llevaba no podía respirar, fue tal la presión que vomité. En la camioneta iban además de los 2 o 3 guardas de migración, una delegada del INM y un médico, al cual le solicité ayuda porque me sentía ahogado. Tanto la delegada de migración, como el médico fueron indiferentes frente a la tortura y el maltrato que recibí.
Cuando llegamos al aeropuerto (supe que habíamos llegado a este sitio por el ruido cercano de los aviones), siempre esposado y con el rostro cubierto me bajaron a empellones, cruzamos un puesto de migración muy rápidamente y luego me subieron a una avioneta o avión pequeño que estaba aguardando allí.
Mientras se ultimaban detalles del vuelo y se preparaba el despegue, se me mantuvo con las esposas a la espalda, y el rostro cubierto; pude darme cuenta que subían y bajaban personas que me filmaban. Luego del despegue, y transcurridos algunos minutos más, cuando el avión se estabilizó, me cambiaron las esposas para adelante, así viaje todo el tiempo.
En la avioneta viajamos 7 personas. El piloto, el copiloto, un capitán que dirigió la operación, otro señor que estaba vestido de civil, dos guardias del INM, y yo. Cuando la aeronave estaba a punto de aterrizar me pasaron un folio de documentos para que los firmara, querían que los firmara sin leerlos. Me negué, me presionaron pero finalmente les dije que no lo iba a firmar porque ya tenía el antecedente de lo sucedido en el INM y que mucho menos los firmaría si no los leía. Ellos estaban muy interesados en que los firmara. Incluso ya en Colombia le pidieron a los oficiales colombianos que me lo pasaran para que firmara. El folio de documentos está sin mi firma.
Una vez aterrizamos en el aeropuerto militar pregunté a los encargados de la operación que si ya estábamos en Colombia, me respondieron que sí. Entonces dije “si ya estamos en territorio colombiano me asiste el derecho (derecho que ya habían violado) de estar en libertad”. En la lógica de que si la operación era de expulsión del país (de México) ya estaba en Colombia y debía quedar en libertad.
Después de media hora de permanecer en la avioneta llegaron agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)…”
Miguel A. Beltrán
Domingo 23 de mayo de 2009
Calabozos de la DIJIN Bogotá
BREVE CRÓNICA DE UN MONTAJE
por Comité por la liberación de Miguel Beltrán Sunday, May. 24, 2009
at 10:54 PM
libertadparamiguelbeltran@gmail.com
¡Exigimos la liberación Inmediata del profesor Miguel Ángel Beltrán
Villegas¡ y de todos los compañeros que han sido detenidos bajo
montajes similares, expresamos nuestra más fraternal solidaridad con
él. Miguel Ángel, amigo, compañero, maestro, colega, no éstas solo
estamos contigo.
BREVE CRÓNICA DE UN MONTAJE
El secuestro político del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas en México
La trayectoria académica de Miguel Ángel Beltrán
Miguel Ángel Beltrán Villegas nació en Bogotá (Colombia) el 11 de mayo
de 1964. Se graduó en la licenciatura en Ciencias de la Educación con
especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital en 1987,
y en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia en 1991.
Realizó cursos en la maestría en Historia en la Universidad Nacional
de Colombia, fue becario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) graduándose como Maestro en Ciencias Sociales en
1994, posteriormente realizó cursos en el doctorado en Historia en la
Universidad Iberoamericana y el doctorado en Estudios Latinoamericanos
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde se graduó con la tesis “El Movimiento de
Liberación Nacional (MLN) en México: Vicisitudes de un camino hacia la
unidad (1961-1967)”, con la cual obtuvo mención honorífica en el año
2001. El Dr. Beltrán estaba realizando desde junio de 2008 una
estancia Posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos -CELA-,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); con un proyecto de investigación
sobre la sucesión presidencial en México, en el período 1933-1934.
Asimismo fue docente en las universidades del Cauca y Antioquia, y
actualmente es profesor asociado de tiempo completo de la Universidad
Nacional de Colombia. Es coordinador del área de teorías sociológicas
y del grupo de investigación de la misma universidad; “América Latina:
transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social”, e
igualmente participó del grupo de investigación de la Universidad
Antioquia; “Cultura, política y desarrollo social”, avalado por
Colciencias, organismo que ejecuta las políticas de Investigación en
Ciencia y Tecnología. Las preocupaciones académicas de Miguel Ángel se
reflejan en muchos artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales, entre las que se destacan: Revista Colombiana de
Sociología, Contrahistorias, Memoria y Civilización, Anuario
Latinoamericano, Le Monde Diplomatique, Wifala e Historia de Colombia,
todas ellas reconocidas dentro del medio académico internacional. En
dichos artículos se analiza la teoría y los debates sociológicos
contemporáneos, el conflicto social y la sociología y la historia
política de Colombia y América Latina. Entre sus publicaciones
recientes se encuentran: “México: Revolución, Hegemonía Priísta y
¿Transición?” (2007) publicado por la Universidad Distrital en el
texto ¿Hacia dónde va América Latina?; y en coautoría la investigación
sobre la historia de la sociología en Colombia, de cuyo desarrollo fue
publicado el artículo: “Los inicios de la Sociología en el País
(1850-1950)” (2007) en la Revista UNAULA, Medellín.
El profesor Dr. Beltrán Villegas, obtuvo la “Distinción a la
Excelencia Docente” en la Universidad de Antioquía (2002). Su
ejercicio docente e investigativo ha sido marcado por la disciplina,
el rigor, la exigencia académica y el pensamiento crítico, por tanto,
acusarlo de terrorista, guerrillero e intelectual de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una afirmación que
carece de fundamento. Asimismo, ha sido profesor de diversas
asignaturas en el área de la sociología y la historia de diferentes
generaciones de investigadores, quienes tienen del profesor Beltrán un
referente académico.
Al Dr. Beltrán le han sido imputados varios cargos sin que existan
pruebas, ya que es de conocimiento público que el supuesto computador
del comandante guerrillero Raúl Reyes no constituye prueba alguna, sin
embargo, sigue siendo instrumento de persecución de quienes disienten
o puedan disentir de la política de guerra del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez.
En todo Estado social de derecho orientado por la garantía y el
respeto de los derechos ciudadanos, se parte de la presunción de
inocencia, pues se es inocente hasta que se demuestre lo contrario,
sin embargo, bajo la política de seguridad democrática del actual
gobierno, este principio jurídico ha desaparecido. Tal como lo
demuestra el atropello cometido contra las garantías individuales del
profesor Miguel Ángel Beltrán, las cuales son salvaguardadas por el
derecho internacional.
La detención del Dr. Beltrán Villegas
A las 12 horas del mediodía del viernes 22 de mayo de 2009, el
profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, de nacionalidad colombiana,
acudió al Instituto Nacional de Migración de México (INM), con el fin
de recibir respuesta a su solicitud de cambio de condición migratoria
(de visitante a estudiante), y de este modo legalizar su estancia en
el país para sus estudios posdoctorales en Estudios Latinoamericanos
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Todo colombiano que ingresa a México para realizar estudios, lo hace
en condición de visitante con la forma migratoria (FM-3) otorgada por
el Consulado Mexicano en Colombia. Dicho documento se recibe cuando se
han cumplido una serie de requisitos que dan cuenta de la legalidad de
la solicitud de internación. Una vez en México, el interesado debe
presentarse al INM dentro de los noventa días siguientes, para
solicitar el cambio de condición migratoria. Este trámite fue
efectuado por el profesor Miguel Ángel el día 7 de agosto de 2008
acopiando todos los documentos solicitados entre ellos: copia completa
del pasaporte, original del FM3 vigente No. 2077691, comprobante de
domicilio, carta de aceptación estudios posdoctorales en la UNAM,
carta de solvencia económica (certificado de trabajo de la Universidad
Nacional de Colombia apostillado y copia de la comisión de estudios) y
copia del último grado académico obtenido. El número de la solicitud
fue el: 312687.
El trámite solicitado dura normalmente treinta días hábiles, sin
embargo, el Dr. Miguel Ángel Beltrán no había recibido respuesta hasta
la fecha. Durante los nueve meses transcurridos él acudió semanalmente
al INM en espera de una respuesta y siempre le decían que “volviera la
próxima semana”. El viernes 22 de mayo, él acudió al INM como lo hacía
todas las semanas, esta vez acompañado del Licenciado Jorge Becerril,
abogado de la UNAM, nombrado a finales de abril de 2008 por la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) para asesorarlo ante el INM, dada la dilación del
trámite. El Licenciado Jorge Becerril concretó una cita a las 12 horas
con el Subdirector del Instituto Nacional de Migración para recibir
una respuesta.
A las 12:40 p.m. el Dr. Beltrán fue notificado verbalmente -en la
planta baja del INM- por un funcionario de que su solicitud había sido
negada porque no cumplía con los requisitos exigidos. Posteriormente,
el Dr. Beltrán fue obligado a pasar a control migratorio al primer
piso de las instalaciones. El Licenciado Becerril no lo acompañó ante
tal instancia. Minutos después, se escucharon gritos muy fuertes de
alguien que decía: “¡No, no, no!”. Ante el interrogante sobre lo que
estaba ocurriendo, el Licenciado Becerril fue informado de que se
trataba de un funcionario que se había vuelto loco y a quien se habían
llevado. Pero que el profesor Beltrán seguía en las instalaciones del
INM. Sin embargo, el Dr. Beltrán fue detenido por funcionarios del
INM, sacado del Instituto a la fuerza y transportado en una camioneta
Van, de vidrios polarizados que no tenía distintivos oficiales.
En el IMN dijeron que había sido trasladado a la Estación Migratoria
“Las Agujas” de la Delegación Iztapalapa. El Licenciado Becerril, a
pesar de su experiencia, no se percató de que se trataba de una
deportación y lo único que atinó a decir, tomando en cuenta el consejo
de otros abogados presentes, es que se debía denunciar la detención en
la embajada colombiana en México. El Dr. Beltrán no fue llevado a una
Estación Migratoria sino que fue deportado a Colombia en una aeronave
del Estado mexicano que llegó a Bogotá, aproximadamente a las 7:50
p.m.
Al oficializarse la captura del profesor Beltrán por parte de la
Fiscalía General de la Nación de Colombia, fue conducido a las
instalaciones de la Dirección General de Policía Judicial e
Inteligencia (DIJIN). El Instituto de Medicina Legal realizó una
valoración del estado de salud de Miguel Ángel determinando una
incapacidad médica de doce días, mismas que son producto de las
agresiones físicas sufridas por parte de funcionarios mexicanos del
INM.
Las arbitrariedades del Instituto Nacional de Migración (INM)
El INM aseguró ante el diario La Jornada expulsó al profesor Miguel
Ángel del país con base en el artículo 37 fracción 5, la cual señala
que “Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el
cambio de calidad o característica migratoria cuando (…) hayan
infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el
extranjero”. Sin embargo, estos “malos antecedentes en el extranjero”
no existían, ya que Miguel Ángel Beltrán salió de Colombia de manera
legal y entró a México de la misma forma para realizar sus estudios
posdoctorales en la UNAM. Si hubiese habido algún requerimiento en su
contra, no habría podido salir de Colombia en junio de 2008.
La actuación del INM fue arbitraria ya que violó los plazos y términos
normales para dar espera a que el gobierno colombiano fabricara un
requerimiento judicial basado en cargos falsos. El INM fue cómplice
del gobierno colombiano puesto que deliberadamente suspendió el
trámite del profesor Beltrán durante nueve meses. El INM atropelló,
vulneró y violentó los más elementales derechos del profesor Dr.
Beltrán ya que partió de la presunción de culpabilidad y actuó
pérfidamente en su contra, negándole, con la detención realizada, la
posibilidad de emplear los recursos jurídicos existentes para apelar
la arbitraria decisión.
La forma en que ocurrieron los hechos denota que todo estaba
planificado entre las autoridades de Colombia y México para cometer
este ilegal atropello. Incluso el presidente Uribe de Colombia
agradeció a las autoridades mexicanas su apoyo al gobierno mexicano
por “capturar a uno de los terroristas más peligrosos” de las FARC. La
persecución por parte del gobierno colombiano y la complicidad del
gobierno mexicano contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, pretende
generar miedo, pánico y escarmiento a los académicos críticos; busca
cercenar el derecho a la crítica y el cuestionamiento, y hace parte de
los planes del gobierno colombiano por instaurar un régimen de terror
perpetuo.
La persecución contra la universidad pública y el pensamiento crítico
en Colombia
La persecución a la universidad pública ha sido una constante en el
régimen de Álvaro Uribe, a finales del mes de octubre de 2007, la
Fiscalía General de la Nación solicitó a las universidades públicas
(Pedagógica, Distrital, Nacional) los listados de estudiantes y
docentes que han estado en dichas instituciones desde 1992. Este tipo
de prácticas, contrarias al Estado de Derecho, hacen parte de la
persecución política contra la Universidad pública y las posturas que
no comparten la violencia y la guerra como salida al conflicto
colombiano. Así lo demuestran las detenciones de varios profesores y
estudiantes de universidades públicas sindicados de “rebelión”, entre
ellos: William Javier Díaz Ramírez, docente de la Universidad
Distrital; María Antonia Espitia, Ipayú Reyes López ambos estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia; Hugo Giovanni Hilarión de
FESCOL, Edison Javier Reyes Roa integrante de Territorio Sur, y otros
docentes e investigadores que aún en el exterior son objeto de la
persecución.
Los puntos de vista contrarios a los del actual gobierno no pueden
seguir siendo catalogados como sinónimos de terrorismo, por ello la
criminalización del pensamiento y de la universidad pública deben
cesar.
¡Exigimos la liberación Inmediata del profesor Miguel Ángel Beltrán
Villegas¡ y de todos los compañeros que han sido detenidos bajo
montajes similares, expresamos nuestra más fraternal solidaridad con
él.
Miguel Ángel, amigo, compañero, maestro, colega, no éstas solo estamos
contigo.
Comité por la liberación de MIguel Ángel Beltrán Villegas
Pronunciamiento sobre la judicialización del profesor Miguel Ángel
Beltrán
por Luis Carlos Celis y firmantes Sunday, May. 24, 2009 at 11:18 PM
Un grupo de intelectuales colombianos nos pronunciamos contra el
arresto y deportación de México hacia Colombia, de Miguel Ángel
Beltrán Villegas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y a
quien se le han iniciado un juicio en su contra con infundadas
acusaciones. Las personas que estén interesadas en difundir y/o firmar
este comunicado por favor hacerlo, reenviando el correo y
comunicándonos su decisión de adherir al mismo. El martes dispondremos
de versiones en inglés, francés, alemán y portugués para facilitar el
pronunciamiento de la intelectualidad y los defensores de derechos
humanos a nivel internacional.
PRESIDENTES DE MÉXICO, FELIPE CALDERÓN, Y DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE
VÉLEZ, CAZAN ACADÉMICOS.
A TODO LA COMUNIDAD ACÁDEMICA DE MUNDO, PRONUNCIAMIENTO POR LA
DETENCIÓN DEL COLEGA Y AMIGO PROFESOR DOCTOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN
VILLEGAS
Hemos recibido con gran sorpresa y suma preocupación las noticias en
diversos medios de la captura en México y deportación a Colombia de
nuestro colega y amigo, profesor Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas,
acusado de vínculos con las FARC. Hemos, igualmente, visto las
imágenes televisivas en que se presenta al profesor Beltrán, como
alias “Jaime Cienfuegos”, en los juzgados de Paloquemao y la
declaración del presidente Uribe Vélez en un consejo comunal
tildándolo, antes de ser juzgado, de “terrorista”. Tanto las noticias
periodísticas como las imágenes televisivas, que han dado vuelta al
Continente, de las acusaciones de Miguel Ángel Beltrán y del trato de
que es objeto, nos impelen a pronunciarnos sobre el colega
universitario, el ser moral y la persona a quienes conocemos por
muchos años y de quien confiamos en que todas sus actuaciones han sido
y son dictadas por su conciencia y su compromiso por una mejor
sociedad, más justa, menos inequitativa, más trasparente, sin
violencia de ningún género.
El profesor Miguel Ángel Beltrán ha sido por más de diez años un
destacado y reconocido colega. Su formación académica, en el área de
la ciencias sociales y la historia, su doctorado y sus investigaciones
sobre la historia política de Colombia, han sido reconocidas y
constituyen referentes de investigación. El Miguel Ángel Beltrán fue,
durante los años en que sirvió al Departamento de Sociología de la
Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, un profesor
respetado por sus colegas del Departamento y querido y admirado por
sus discípulos. Profesor exigente, fue y ha sido siempre ejemplo de
trabajo, consagración y entrega al estudio de la realidad del país.
Este compromiso académico-universitario se tradujo en la distinción
como mejor profesor del Departamento de Sociología de la Universidad
de Antioquia para el año 2002. Su hoja académica es impecable y
siempre obtuvo el reconocimiento como “Excelente”.
Miguel Ángel Beltrán es un ser moral integral. Su trato siempre
respetuoso como colega, siempre comprensivo, siempre con espíritu de
colaboración, despiertan inmediatamente la simpatía y el respeto. Su
discreción es la nota distintiva de respeto y compañerismo. Miguel
Ángel, como le conocemos y tratamos sus colegas, es un hombre sincero,
reservado, dotado de una naturaleza bondadosa, que se nos representa
como ciertos hombres morales, de indeclinable carácter, de fe en la
mejora de la sociedad y su entorno universitario. Miguel Ángel encarna
una tradición de intelectuales que optan por una sociedad equitativa
para Colombia. La sociedad justa, el Estado responsable y la lucha
política sincera por la paz, la armonía y la igualdad. Miguel Ángel no
es un profesor ingenuo, que por accidente se ha comprometido con los
estudios universitarios, que por azar investiga el pasado de horrores
de nuestra realidad histórica. Su compromiso ha sido con la verdad, y
ha dejado huella en el estudiantado por su honestidad, su confiada
espontaneidad en trasmitir sus ideas. Nosotros, que lo hemos tratado
como colegas, admiramos en él esa fuerza de carácter y el espíritu de
verdad que imprimía a su práctica docente, a su compromiso
investigativo, a sus actividades académicas.
Como persona, pues es una unidad integral, Miguel Ángel nos brindó su
amistad; su amistad fue sincera, abierta, espontánea y sin límites.
Reservado, era generoso; tímido, fue siempre bueno, conciliador; en
los pequeños conflictos entre colegas, actúa con su ser mesurado, con
su voz dulce, haciendo esfuerzos de sacar de sus lastradas cuerdas
vocales, las palabras precisas para llegar a un acuerdo que
restableciera la confianza, la amistad, el colegaje.
Por eso al leer las páginas que habla de su presunto prontuario y al
habérsele presentado como un peligroso terrorista de escala
internacional, nuestro ánimo se mece entre el dolor y la risa. El
dolor porque sabemos que es un hombre bueno al que le cae todo el peso
de un seguimiento judicial y de las autoridades políticas que lo
condenan sin juzgarlo, y de risa porque pensamos que si Miguel ángel
Beltrán es uno de los terroristas más peligrosos del mundo, entonces
es que el terrorismo está hecho de ciudadanos buenos, frágiles,
mártires.
Queremos pensar que Miguel Ángel Beltrán va a ser tratado por la por
la justicia colombiana con todas las garantías jurídicas y el respeto
al debido proceso que se merece, antes de cualquier condena a priori.
Sabemos que la justicia mexicana lo vejó en su integridad al
golpearlo, previo a su deportación. Esperamos, a su vez, que este
episodio de la captura del profesor Beltrán, no sea el inicio de una
cacería de brujas contra aquellos intelectuales y pensadores que osan
disentir del poder de turno.
El profesor Dr. Miguel Ángel Beltrán fue detenido en México, deportado
ilegalmente a Colombia y acusado de manera infame. Por consiguiente
profesores universitarios y científicos de todo el mundo exigimos su
libertad inmediata y la reparación de su imagen académica y
profesional.
Firmas
Juan Guillermo Gómez García, filósofo y crítico literario, profesor de
la Universidad de Antioquia.
Jaime Rafael Nieto, sociólogo y profesor de la Universidad de
Antioquia.
Juan Carlos Celis Ospina, sociólogo y profesor de la Universidad de
Antioquia.
Rafael Rubiano Muños, sociólogo y profesor de la Universidad de
Antioquia.
Sara Janet Fernández, Trabajadora social, profesora de la Universidad
de Antioquia.
Rocío Londoño Botero, socióloga, profesora de la Universidad Nacional
de Colombia.
Luz Gabriela Arango, socióloga, profesora de la Universidad Nacional
de Colombia
Marco Antonio Vélez Vélez, filósofo, profesor de la Universidad de
Antioquia.
Luis Javier Robledo, sociólogo, profesor de la Universidad de
Antioquia.
John Mario Muños, trabador social, profesor de la Universidad de
Antioquia.
Selnich Vivas Hurtado, filosofo y crítico literario, profesor de la
Universidad de Antioquia.
Luis Eduardo Celis, sociólogo.
Juan Carlos Houghton, antropólogo
Germán Alexander Porras, sociólogo, profesor de la Universidad de
Antioquia.
Gilberto Díaz Aldana, sociólogo y profesor de la Universidad de
Antioquia.
José Hernán Castilla, abogado.
Omar Alonso Urán Arenas, sociólogo.
miércoles 13 de mayo de 2009
Luego de 15 años de la ley 100 de 1993..
El Derecho Fundamental de La Salud para los Colombianos...
Después de 15 años de presentada (1) e implementada la Ley 100 de Seguridad Social, la Corte Constitucional ha tenido que establecer claramente que la salud no es un mero servicio al vaivén del mercado sino que se trata de un derecho fundamental y que, sin ser absoluto, de todos modos “tiene un núcleo esencial que debe ser garantizado para todas las personas” (2). Sin embargo, a partir de allí han vuelto a surgir las voces empresariales de la salud, sus ideólogos neoliberales y el gobierno mismo insistiendo en la imposibilidad de hacer realidad el disfrute de la salud como derecho social de primerísimo orden.
A partir de la Sentencia T-760 de julio 31 de 2008, se ha abierto un intenso debate en relación con los efectos positivos y negativos que tiene la intervención judicial frente a las políticas públicas. Los argumentos sobre si las decisiones de la Corte Constitucional distorsionan prioridades y generan intervenciones indebidas en las competencias del legislativo y de los órganos administrativos están al orden del día. A regañadientes, el Ministerio de la Protección Social y las otras entidades del Estado implicadas han asumido el cronograma de órdenes de la Corte y se disponen a desarrollarlo. Entre los elementos más novedosos, además del ya mencionado de hacer claridad sobre el carácter fundamental del derecho a la salud, está el que ordena que rápidamente se le dé curso a la promesa inicial de la Ley 100 de equiparar los planes de beneficios para el régimen contributivo y el régimen subsidiado.
La sentencia de la Corte intenta resolver parcialmente algunas de las demandas que desde diversos movimientos sociales y gremiales se mantienen durante los 15 años de vigencia de la ley. Sin embargo, no interpreta con claridad las verdaderas causas de lo que ha ocurrido en estos años o por lo menos no quiere inmiscuirse en una transformación real de la estructura del Sistema General de Seguridad Social, con el argumento que éste es constitucional. Podemos decir que entra en la misma línea de planteamientos de los empresarios de la salud y de las pensiones cuando sostienen que el sistema colombiano es excelente pero le falta reglamentación y aplicación. Contrario a este pensamiento, sostenemos que el real problema del Sistema General de Seguridad Social en Salud es precisamente que su núcleo duro, esto es sus bases filosóficas –que transforman el derecho constitucional de la salud en un bien transable y lo reducen a un servicio de carácter individual que se negocia entre agentes económicos–, persiste intocable, y en esa medida las transformaciones esperadas no contribuirán al disfrute real y pleno del derecho a la salud. Para ilustrar esta tesis, podemos revisar algunas evidencias relativas a los resultados y el impacto de la Ley 100 en la salud de los colombianos.
El Dinero de La Salud
Según el libro Cuentas de la salud de Colombia 1993-2003. Gasto nacional de salud y su financiamiento, los recursos generales de salud en 1993 eran del 6,2 por ciento y alcanzaron a llegar a más del 9 del PIB para mantenerse durante 2001, 2002 y 2003 en el 7,8 (3); en 2007, la cifra permanecía en este mismo nivel de 7,8 por ciento del PIB. Los aumentos sostenidos en el presupuesto para la salud que aportamos todos los colombianos no se evidencian en indicadores de resultado en atención en salud ni en salud pública. Por otra parte, cuando se revisan los indicadores de éxito de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), encontramos que varias de ellas aparecen entre las más rentables en las listas que año tras año se realizan. Por ejemplo, para 2007, Saludcoop EPS se ubicó en el puesto 17 con una utilidad neta de 36.910 millones de pesos; y en el número 33 encontramos a Coomeva EPS con una utilidad neta de 336.879 millones de pesos, seguidas por Salud Total en el puesto 69 y Susalud en el 82 (4). Si se es suspicaz, se puede suponer a dónde van a parar los dineros en que se ha aumentado el PIB en los últimos años.
Aseguramiento y demanda de Servicios
Desde el comienzo de la ley, los empresarios de la salud nacional y transnacional, así como su grupo de ideólogos, han intentado mostrar cómo el modelo aumenta dramáticamente el aseguramiento en salud de la población colombiana. Efectivamente, y partiendo de un sistema anterior que sólo aseguraba a los trabajadores, al día de hoy, entre régimen subsidiado y régimen contributivo, el porcentaje de aseguramiento llega al 88,4 por ciento de la población general, esto según los datos de indicadores básicos del Ministerio de la Protección Social (5). Sin embargo, recientes trabajos muestran cómo, al analizar las Encuestas de Calidad de Vida entre 1997 y 2003, “se observó un aumento en el aseguramiento en salud de la población, aunque ésta sigue siendo insuficiente y heterogénea entre los distintos sectores de la población. El análisis muestra que existen falencias en la cobertura de la población más vulnerable y no es sostenible para las personas que tienen un trabajo informal” (6). Como vemos 15 años después, aún la universalidad del aseguramiento no se logra, y las faltas de cobertura golpean en especial a los más vulnerables y marginados.
Por otra parte, cuando revisamos indicadores reales de servicios, las cosas no suenan tan prometedoras. Ya en 1997, cuando se revisó el impacto de la reforma en la población, los defensores de las ideas del sistema propagaban a los cuatro vientos las “virtudes” del nuevo modelo, aunque aceptaban que, “a pesar de los incrementos en cobertura de aseguramiento, la probabilidad de acceder a los servicios no mejoró entre quienes reportaron problemas de salud previos a la encuesta” (7). Para la evaluación basada en 2003, la situación no cambió mucho: “Al investigar las causas de la inasistencia al médico, se encuentra que la principal razón es la falta de dinero; dada la reciente crisis económica que golpeó fuertemente a los hogares, el porcentaje de personas que no asistió al médico es mayor para 2003” (8). Como argumento recurrente de los defensores del sistema, aprendido al parecer de los Ministros de Hacienda y los economistas neoliberales, todo lo bueno se le achaca al modelo de salud y todo lo malo a factores externos, como en este caso a la crisis económica.
Salud Publica
Cuando se presentan evidencias sobre el efecto altamente negativo de la reforma en la salud pública colombiana, los argumentos de los defensores parecen simpáticas reflexiones sobre su capacidad de reconocer súbitamente y por fin los contextos del país en el cual viven: “Cuando se responsabiliza a la Ley 100 de 1993 por la caída de la cobertura de la vacunación o por el aumento de la incidencia de malaria, dengue y tuberculosis, no se toma en consideración la historia natural de esas enfermedades y su relación con algunos factores importantes, como la situación social, económica y política por la que atravesaba el país en esa época, expresada, entre otras cosas, en el incremento de la violencia contra las misiones médicas y en el deterioro de la seguridad en las zonas rurales del país donde habita cerca del 40 por ciento de la población.” (9). Pero al parecer no toman en cuenta que el análisis histórico y mucho más la sabiduría cotidiana de la gente no olvida los grandes logros de programas como el ampliado de inmunizaciones o de control de la malaria. La centralidad que el sistema pone en los servicios curativos, omitiendo ahí sí la historia natural de las enfermedades, convierte la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como las estrategias participativas propias y aprendidas de las múltiples experiencias latinoamericanas, en asuntos exóticos y en dinero fácil para las empresas promotoras de salud, que la han agregado a sus ganancias sin mucho esfuerzo.
Por otro lado, durante los años que lleva la implementación de la ley se han cerrado, reestructurado y vendido los bienes públicos en infraestructura hospitalaria que había acumulado el Sistema Nacional de Salud. Todavía se siente la falta del mayor hospital universitario de Colombia, el San Juan de Dios de Bogotá, que durante décadas formó los mejores profesionales de la salud y fue punta de lanza en investigación en el sector en Colombia y Latinoamérica. El Seguro Social fue asfixiado literalmente por la falta de giro de recursos de obligación estatal y por el paso de casi la totalidad de personas con enfermedades de alto costo. La descuartización de su infraestructura y su liquidación permitieron que los empresarios privados tomaran desde clínicas emblemáticas como la San Pedro Claver hasta pequeños dispensarios regionales, tanto como a sus afiliados, terminando con un acumulado histórico de cohortes de trabajadores colombianos.
Avances Privatizadores no se detendran
Como hemos podido observar con la actual crisis económica, los culpables de la misma siguen socializando sus pérdidas y privatizando sus ganancias. No es de esperar que actúen en forma diferente las empresas del sector salud. Como resulta evidente en los últimos días y en la discusión sobre las disposiciones de la sentencia de la Corte, de nuevo se agitan en los medios las propuestas que les permitan seguir usufructuando los recursos. De una parte, proponen que los trabajadores informales coticen según las horas que trabajan, esto es, que ante el avance de la precariedad laboral y la informalidad hay que buscar mecanismos para que los pobres aporten. Como dicen varios defensores del sistema, el hecho de que los pobres tengan altos gastos de bolsillo en salud significa que pueden aportar. No ven la precariedad creciente y los sacrificios de los pobres cuando se enferma un miembro del grupo familiar; ven sí el dinero disponible para aumentar sus arcas. Desde la implementación de la ley, las empresas del sector vienen apuntalando diferentes estrategias para privatizar el derecho a la salud (ver recuadro).
Políticas confirmadas por una investigación de la Suerintendencia de Industria y Comercio (10), que certifica que las empresas privadas del sector comparten información privilegiada para excluir servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS) y conseguir mejores tarifas para sus servicios en el Fondo de Solidaridad y Garantía. Sorprende sobremanera que quien las investiga es la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso por el hecho de afectar la libre competencia. Esta es una clara evidencia de que el capital va apropiándose del campo de la salud. Brillan por su ausencia la Superintendencia de Salud y el Ministerio de la Protección Social, y entra en el juego la Superintendencia de Industria y Comercio, que hace poco investigó a las cementeras y los bancos por idéntica acusación. Esto significa que el derecho de las personas a la salud entró en la misma categoría del cemento y las cuentas bancarias.
Para finalizar, existen evidencias suficientes, al contrario de lo que la Corte plantea para declarar el “Estado de cosas inconstitucional” en lo referente a la garantía del derecho a la salud de los colombianos. Algunos analistas consideran que la Corte dio un gran paso en reformas estructurales al sistema de salud, y que eso muestra cómo el aumento del acceso a la justicia tiene un potencial en el acceso al derecho a la salud (11). Creemos, sin embargo, que en este caso no se tocaron las estructuras propias de la ley y que, a pesar de que las decisiones de la Corte permitirán que continúe la lucha por el derecho a la salud, se requiere enfocar estos propósitos hacia el derrumbe del Sistema General de Seguridad Social, así como es necesario construir y proponer un nuevo modelo público, universal, integral, equitativo y solidario.
1 El proyecto de ley fue presentado y defendido por el entonces congresista antioqueño Álvaro Uribe Vélez.
2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-60. Julio 31 de 2008.
3 Barón, G (2007). “Cuentas de Salud de Colombia 1993-2003, el gasto nacional y su financiamiento”. Ministerio de la protección social. Bogotá.
4 El cálculo del puesto ocupado por las empresas depende de varios factores entre los que se cuentan rentabilidad, nivel de deuda, utilidad operacional y utilidad neta, entre otros. Aquí resaltamos el valor de la utilidad neta porque es la que le queda libre a la empresa después de restar sus costos. Como se observa, a pesar de tener mayor utilidad neta Coomeva ocupa un lugar más bajo que Saludcoop que en el promedio de los otros indicadores se ubica mejor. Los datos son de la Revista Semana (2008), “Las 100 empresas más grandes de Colombia”. http://www.semana.com/documents/Doc-1612_2008427.pdf
5 Ministerio de la Protección Social (2007). Indicadores Básicos de Salud. Bogotá.
6 Zambrano, Andrés y otros. ¿Qué muestran las Encuestas de Calidad de Vida sobre el Sistema de Salud en Colombia? Cad. Saúde Publica, Rio de Janeiro, 24(1):122-130, enero 2008
7 Ramón Abel Castaño y otros, Evolución de la calidad en el sistema colombiano de salud, serie Financiamiento del Desarrollo Nº 108 (LC/L.1526-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Publicación de las Naciones Unidas.
8 Zambrano, Andrés y otros. ¿Qué muestran…?
9 Morales, L (2006). Otra visión de los resultados de la reforma de salud en Colombia. Cartas al editor. Revista Panamericana de Salud Pública/Pan Am J Public Health 19(1), 2006.
10 Por presuntas prácticas anticompetitivas: investigadas EPS del país. www.sic.gov.co/
RECUADRO
Cómo hacer de la salud un campo de ganancias del capital nacional y trasnacional*
1. Desde el terreno de las ideas y de la tecnocracia neoliberal se comienza a imponer el paradigma de escasez de recursos para grandes necesidades, y la necesidad de “favorecer a los usuarios de salud” con la libre competencia que genere mayor calidad y eficiencia. Esta lucha en el terreno de las ideas, financiada desde el campo tecnocrático de las agencias multilaterales y por los empresarios de la salud, se evidencia en la creación de sus propios centros de estudio y la financiación de investigadores e investigaciones. Son quienes definen la agenda investigativa en estas áreas. La irrupción de la economía de la salud es uno de los ejemplos.
Comentario. Hoy se hace necesario romper el paradigma de la escasez de recursos; hay que “desnaturalizar la escasez, obligándonos a determinar las razones de que unos entornos sean ‘de recursos escasos’ y otros no” (1). Por otra parte, hay que aprovechar la crisis del sistema capitalista para derrumbar apreciaciones que parecían incontrovertibles. Desde el sentido común y desde la ciencia, debemos brindar elementos para una nueva agenda de investigación y para volver a creer en lo público y colectivo (2).
2. Luego del acondicionamiento teórico, se inicia la avanzada pragmática: Cooptación y/o eliminación de la red de prestación de servicios pública que se adelantó en tres fases: ajustes laborales, reestructuraciones y ahora concesiones a los empresarios de la salud. La apropiación de la red pública del ISS ha sido la ‘joya de la corona’ de este proceso. Para ello, además, se establecieron escuelas de formación de gerencia en los ámbitos de la salud, con una línea tecnocrática en que importan las ganancias más que las personas. Los gerentes premiados son aquellos que ahorran gastos y establecen estrategias, no para la calidad de vida de las personas atendidas sino para la calidad de vida de los empresarios.
3. Paralelamente, se avanzó en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, vía cooperativas de trabajo asociado y pérdida de los salarios: proletarización y precarización, y destrucción de las formas organizativas de los trabajadores. Las cooperativas asociativas se convirtieron en otra forma de generar ganancias para el gran capital.
4. Diseño, desarrollo e implementación de un modelo oligopólico que cubre todo el ciclo del negocio: aseguramiento, prestación de servicios, distribución de insumos y medicamentos, formación de recurso humano y desarrollo de centros de asesoría, investigación y seguimiento de su negocio. El mejor ejemplo es Colsanitas, que ya tiene escuela propia de formación de recurso humano, garantía de que los profesionales responderán a su modelo de negocio.
5. Vigilancia y rectoría de papel, cuando no cooptada por los representantes de los empresarios de la salud. Lo mencionado sobre la Superintendencia de Industria y Comercio denota el avance en este punto.
6. Deterioro de la salud colectiva, y apropiación de los recursos de promoción y prevención.
7. El amarre de la cotización de salud con pensiones a través de la PILA, que lucra aún más al sistema financiero.
8. Un Sistema de Riesgos Profesionales no analizado, no tocado y altamente lucrativo a expensas de la salud de los trabajadores.
Elementos por investigar
1. El papel que ha jugado el conflicto armado en el avance privatizador del sistema de salud. Por ejemplo, es importante ver qué ha pasado con el tema de reestructuración de hospitales, sindicalistas de salud muertos y apropiación de los dineros de régimen subsidiado por grupos paramilitares en varias regiones.
2. Sería interesante revelar los consejos directivos y los accionistas de las empresas de la salud para buscar redes de asociación con sectores políticos, judiciales y de control.
* Elaborado con la invaluable ayuda de Mauricio Torres Tovar, del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social.
1 Ted Schrecker. Denaturalizing scarcity: a strategy of enquiry for public-health ethics. Bulletin of the World Health Organization. Agosto 2008, 86 (8).
2 Aquí es pertinente esta anécdota que cita Vicenç Navarro. En un programa radiofónico reciente en Estados Unidos hubo el siguiente intercambio que merece reproducirse. Un chico de 14 años le hizo la siguiente pregunta al poderosísimo asesor económico de la oficina del Presidente estadounidense, el señor Lawrence Summers: “¿Por qué el Estado no le presta dinero directamente a la gente y las empresas, en lugar de hacerlo a través de los
bancos?”. Summers le respondió que el sector privado es más eficiente que el público, a lo cual el chico, muy avispado, le contrapreguntó: “Pero si son tan eficientes, ¿por qué han creado el problema que han creado, y por qué el Estado ahora tiene que salvarlos?”. El funcionario, que había recibido millones de dólares de los bancos como su asesor, antes de tener el cargo público que tiene ahora, no pudo contestarle. Este intercambio refleja el grado de descrédito y desorientación del pensamiento liberal. (Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC, España, 2009).
(TOMADO DEL PERIODICO, LE MONDE DIPLOMATIQUE)
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