El camino de la tortura
Por: Natalia Herrera Durán
El caso de la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de las 'chuzadas' del DAS, podría ser el primero investigado formalmente por un delito de lesa humanidad: el de tortura psicológica.
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Duque, periodista de la organización de derechos humanos Nizkor |
“Ya terminó el peritaje psicológico en Medicina Legal”, le informó a
este diario la periodista Claudia Julieta Duque, al referirse a los
últimos exámenes médicos a los que tuvo que someterse y que están
dirigidos a demostrar que fue víctima de tortura psicológica por parte
del Departamento Administrativo de Seguridad. Si los resultados de las
pruebas practicadas le dan la razón, la Fiscalía tendría elementos, por
primera vez desde que se desató el escándalo de las ‘chuzadas’, para
abrir una investigación formal al DAS por un delito de lesa humanidad,
que da una pena entre 15 y 20 años de prisión, sin rebajas ni
prescripciones.
Para la periodista pereirana, quien hace un mes
obtuvo el premio al Coraje en Periodismo, concedido por la
International Women’s Media Foundation, y ha sido investigadora en temas
de derechos humanos, niñez y conflicto armado, con una trayectoria de
más de 15 años en el oficio, esta pesadilla empezó hace 12 años, cuando
indagaba sobre el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, y
se atrevió a decir que el DAS intentó entorpecer las indagaciones del
crimen.
Desde entonces padeció un secuestro, un robo y repetidas
amenazas y hostigamientos a su vida que la llevaron en 2001 al exilio,
luego de comprobarse que uno de los carros que venía siguiéndola
pertenecía al DAS.
Dos años después, en diciembre de 2003, y tras
denunciar nuevos seguimientos en taxis, motos y a pie, así como
llamadas intimidantes, Claudia Julieta fue incluida en el Programa de
Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, que calificó su
situación como de alto riesgo. A su regreso a Colombia, en febrero de
2006, esta situación no cambió y las amenazas y los seguimientos iban
dirigidas también a su hija. Un año después, en marzo de 2007, se
conoció una orden para matarla y un mes después a su correo electrónico
llegaron amenazas firmadas a la organización de derechos humanos Nizkor,
con la que actualmente trabaja.
Hasta ese momento las
investigaciones en el DAS, en la Fiscalía y en la Procuraduría para dar
con los responsables de los hostigamientos y seguimientos no arrojaban
ningún resultado. Sus denuncias sólo tuvieron eco el 27 de noviembre de
2008, cuando en un trascendental fallo en materia de libertad de
expresión, la Corte Constitucional amparó sus derechos, luego de
considerar que eran ciertos los seguimientos por parte de organismos del
Estado y ordenó a esta entidad que entregara toda la información sobre
la periodista.
Fue así como meses después, cuando revisaba las
carpetas en poder de la Fiscalía sobre su caso, encontradas en las
instalaciones del DAS, Claudia Julieta conoció un manual de
instrucciones elaborado, en 2004, en papel de uso exclusivo del DAS para
amenazarla e intimidarla: “Señora, es usted la mamá de María Alejandra
(esperar contestación). Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se
le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni
camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó
meternos con lo que más quiere (...) ”, decía el mensaje, que no sólo
quedó en el papel, porque la llamada finalmente se hizo sigiendo esas
instrucciones.
En mayo de 2008, en el camino por demostrar a
las autoridades que ha sido víctima de tortura psicológica por parte del
DAS, Claudia Julieta, a través de un derecho de petición, le solicitó
al organismo de inteligencia que verificara esta actuación. En junio le
entregaron un informe de una página que sostenía que “no se logró
establecer ningún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios del
DAS”.
Luego, ante la insistencia de Claudia Julieta, el DAS
entregó el mismo informe, pero completo, con las verificaciones que
hicieron para dar esa respuesta. Una de ellas es el testimonio del
fiscal 8 de la Unidad de Derechos Humanos, quien adujo que Claudia
Julieta aparenta ser una persona esquizofrénica.
“Si el propio
fiscal asegura eso de mí, ¿qué garantías tengo?”, dice Claudia Julieta,
quien confiesa que aunque está cansada de este episodio negro, va a
agotar hasta el último recurso para que en su caso haya justicia.
Todos
estos documentos reposan en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que le ordenó al Gobierno, desde 2009, medidas cautelares de
protección a esta periodista, al considerar que su integridad sigue
amenazada.
(Tomado del periodico El Espectador)